Episodio 11

Carme Colomina: Todo está relacionado porque todo tiene que ver con la manipulación del contenido. A partir de aquí, podemos comenzar a marcar algunas diferencias. Creo que el término fake news ha ido cayendo por su propio peso, sobre todo a nivel académico, porque se ha politizado muchísimo, por el uso que ha generalizado Donald Trump, siendo las fake news todo aquello que cuestiona tus ideas y sirve para denostar el pensamiento de otros.

En cambio, la desinformación, como tal, implica una voluntad específica de alterar un contenido; la voluntad de mentira, la voluntad, muchas veces, de causar un daño.

La postverdad, probablemente, lo engloba todo. La postverdad es la era que empieza, claramente, a partir de 2016 e incluye no solamente la capacidad de penetración que tiene la mentira: va mucho más allá. Se nutre del desorden informativo global por el exceso de contenidos en el que estamos inmersos, la propia dificultad que tenemos nosotros, como usuarios, de discernir qué es verdad, qué no es verdad e incluso cómo se ha alterado nuestra relación con el propio concepto de verdad. No hay nada que defina mejor la postverdad que el concepto de “hechos alternativos”, que también la Administración Trump pone en juego.

Raúl Magallón: Hay cuatro momentos que marcan un poco el desarrollo de la desinformación en los últimos 15 años. Una primera fase llega hasta los los años 2011-2012, donde vemos el desarrollo de movimientos sociales como el 15M, Occupy Wall Street y la Primavera Árabe, que empiezan a redefinir el espacio público y el papel que pueden tener las redes sociales a la hora de marcar la agenda pública.

En el año 2016 se produce un punto de inflexión: es el año del referéndum del Brexit en el Reino Unido, el referéndum de Colombia y las elecciones en Estados Unidos. Aquí empezamos a comprobar el papel que tiene la desinformación en los procesos electorales.

Posteriormente, se produce la pandemia, que representa también un punto de inflexión en el sentido de, que, por una parte, empezamos a percibir que la desinformación podría ser una disfunción cada vez más normalizada del sistema social y, por otra parte, vemos que no solo afecta a cuestiones políticas: también que afecta a la salud, la ciencia, a movimientos migratorios, derechos sociales, etc.

Por último, tenemos otro punto de inflexión con la invasión rusa en Ucrania: aquí empezamos a ver cómo la desinformación puede formar parte de las estrategias geopolíticas y de relaciones internacionales.

Raúl Magallón: Es importante entender en qué medida la desinformación puede ser una herramienta para que países con déficit democráticos evidentes intenten influir en la geopolítica internacional. Es importante que lo entendamos, porque según los datos de Democracy Index de The Economist, en el año 2006-2007 había 28 democracias plenas en el mundo, y en este momento solo tenemos 24 democracias plenas.

Hay muchos factores que influyen y que determinan por qué ha ocurrido esto, y uno de ellos es que los países autárquicos empezaron a crear redes de colaboración y pudieron ser mucho más fuertes de cara a posibles movimientos internos que intentaran establecer mecanismos de profundización democrática.

Carme Colomina: Si hay un aspecto que caracteriza a este concepto de amenazas híbridas es la capacidad de identificar las vulnerabilidades del otro. Estas vulnerabilidades pueden ser tanto sociales como físicas: las ciberamenazas amenazan también centrales nucleares, sistemas informatizados de los Gobiernos…

Lo mismo pasa con la desinformación, es un instrumento más en la caja de herramientas de las amenazas híbridas y lo que hace, muchas veces, es propagarse a partir de identificar dónde somos más vulnerables.

Raúl Magallón: En efecto, las amenazas híbridas identifican las vulnerabilidades de los sistemas democráticos, para intentar explotarlas. Siempre ha habido intentos de injerencia extranjera a lo largo de la historia, pero ejercer una amenaza híbrida es más barato en términos económicos, y más complejo de identificar quién está detrás de ella.

Carme Colomina: Y eso implica también un problema, porque al no quedar trazabilidad, es muy difícil imponer sanciones a quien ejerce esa amenaza, y enfrentarse a ella. Otro problema de las ciberamenazas es que diluyen la línea divisoria entre periodo de paz y de guerra, porque se utilizan fuera de un conflicto bélico, lo que nos lleva a una situación de tensión permanente y acrecienta el riesgo de involución democrática: en determinados países se han utilizado las legislaciones contra la desinformación para restringir derechos de libertad de expresión.

Carme Colomina: Se están haciendo muchísimas cosas, sobre todo desde 2018. Ha habido una aceleración normativa y legislativa interesante a nivel europeo y, a la vez, cada vez más compleja, que refleja muchísimo la propia aproximación de la Unión Europea al desafío de la desinformación o de las amenazas híbridas.

De 2015 a 2018, la aproximación a la desinformación está muy vinculada al conflicto de Ucrania: tras la anexión de Crimea, la desinformación se vinculó al riesgo de una amenaza exterior. En 2017 hay varios procesos electorales en Europa, y la desinformación se relaciona con el riesgo de alteración de campañas electorales: en 2019, con las elecciones europeas, se pone en marcha un sistema de alertas rápidas entre los Estados miembros.

Pero lo interesante es cómo ha evolucionado el concepto mismo: al principio las medidas de lucha contra la desinformación se centraron en el control del contenido, pero eso llevó al dilema de cómo hacerlo sin dañar la libertad de expresión. Ahora el foco está en cómo limitar la diseminación coordinada de estos mensajes. El reto va cambiando cada día.

Raúl Magallón: Básicamente, hay dos ejes sobre los que afrontar la desinformación: por una parte, está el eje de la seguridad de la Unión Europea y de los estados; y, por otra parte, está el eje de profundizar en los mecanismos democráticos y en la resiliencia democrática, en la confianza de las instituciones, etc.

En este sentido, la Unión Europea está apostando por un soft power digital, porque el entorno digital está relacionado con la confianza de las instituciones y el mantenimiento de los sistemas democráticos. Se ha intensificado también la colaboración entre factcheckers, academia y plataformas tecnológicas.

Carme Colomina: Se están poniendo también en marcha medidas de protección del consumidor online, formación ciudadana, y fortalecimiento de mecanismos de seguridad. Pero si en algo es referente la Unión Europea es en la creación de espacios normativos: la Ley de Servicios Digitales que entrará en vigor en 2024 representa un salto cualitativo.

Raúl Magallón: Por una parte, están los grupos de trabajo que creó el Departamento de Seguridad Nacional, donde se buscó una colaboración público-privada: participan empresas tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de periodistas, académicos, factcheckers, etc. Esto culminó en un libro donde se hacía una serie de propuestas desde la sociedad civil para combatir la desinformación. Es un punto de partida muy positivo, en el sentido de que establece ese marco de colaboración en el que distintos actores, más allá de explicar desde su perspectiva qué estaba ocurriendo, intentan también buscar soluciones en común.

Otro ejemplo es Iberifier: es un observatorio de medios Ibérico, en el que colaboramos organizaciones académicas, periodísticas y factcheckers de Portugal y de España. Esta vinculación nos permite tener datos de primera mano de cómo trabajan los factcheckers y qué tipo de narrativas y verificaciones se están haciendo.

Y otro tipo de colaboración es el caso de Comprobado, una iniciativa donde medios de comunicación y organizaciones de factchecking, bajo una misma marca, intentan verificar determinados contenidos y publicarlos.

Carme Colomina: Iberifier es el ejemplo que demuestra cómo las instituciones europeas se han dado cuenta de que el trabajo de verificación lo debe hacer la propia sociedad civil: los periodistas. Representa también una apuesta por ayudar, vía subvenciones, a los verificadores para, de esa forma, fortalecer también los instrumentos de la sociedad civil.

Carme Colomina: Lo primero y más básico es, que al fin y al cabo, la información es un derecho y, además, es un derecho que habilita muchos otros derechos. No se trata solo de limitar la desinformación, sino de proteger tu capacidad de saber. Yo creo que ahora, en las distintas discusiones abiertas a nivel institucional, se está avanzando en las dos líneas: qué medidas se pueden tomar para abordar la desinformación, pero también de qué manera se puede proteger la pluralidad mediática.

Raúl Magallón: Hay una idea, que es importante señalar, y es que ha habido cierta desinformación sobre lo que significa desinformación dentro de la sociedad. Por una parte, creo que la intención de vincular las fake news a los medios de comunicación es un gran error. Porque en los últimos años, los actores políticos han intentado utilizar el concepto y la idea de fake news para criticar a periodistas, y para intentar legislar bajo el paraguas de una ley anti-fake news determinadas cuestiones que afectaban a la libertad de expresión y de información.

Carme Colomina: Pasivos no somos porque retuiteamos: algún papel activo tenemos. Incluso, hay estudios del MIT, que dicen que gran parte del contenido que se difunde está replicado por individuos y no por bots. Hay una parte de responsabilidad individual, en cierto modo.

Raúl Magallón: Un mensaje que siempre se repite es: en caso de duda, no compartas. En caso de duda, comprueba, verifica, pregunta. Es muy genérico, pero nos lleva a otro debate que es la alfabetización, creo que una de las cuestiones que tenemos que trabajar mejor es todo lo que tiene que ver con la alfabetización mediática y digital.

Raúl Magallón: En este sentido, las plataformas tecnológicas tienen un papel fundamental, puesto que son actores clave en la nueva esfera pública digital. También, es importante que ellos entiendan este rol y que intenten, en cierto modo, hacerse mucho más visibles en todo lo que tiene que ver en esas nuevas formas de alfabetización.

Carme Colomina: La evolución de la Comisión Europea en su relación con las plataformas tecnológicas es ya un referente para otras organizaciones internacionales.

En 2019 puso en marcha el Código de Buenas Prácticas, en el que por primera vez, y de manera voluntaria, las plataformas tecnológicas hacen un seguimiento del contenido que se identifica como desinformativo en las redes sociales y envían un informe a la Comisión sobre los contenidos que han eliminado. Esta práctica acaba generalizándose como la pandemia, cuando se dan cuenta de que es una manera de establecer un intercambio de información entre instituciones y las grandes redes sociales, que acaban aplicando el mismo ejercicio de informes mensuales a la Organización Mundial de la Salud.

Raúl Magallón: Creo que es fundamental que los investigadores tengan accesibilidad a los datos, para que se puedan crear mecanismos de alerta temprana, identificar patrones, etc. Por otra parte, las empresas tecnológicas también pueden ejercer un papel en todo lo que tiene que ver con la formación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, etc.

Y, por otra parte, es necesaria una mayor colaboración con las instituciones públicas. Creo que las empresas tecnológicas deberían establecer unidades de seguimiento específico para cada país cuando hay un proceso electoral y establecer informes específicos, porque cada país tiene una dinámica completamente distinta. Esto ayudaría al ecosistema social local a identificar sus propias dinámicas y patrones, y a dar respuestas mucho más rápidas.